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McFadden responde a Tillis sobre proyecto que busca obligar la colaboración con ICE

Charlotte.- El alguacil del condado Mecklenburg, Garry McFadden criticó la propuesta de ley presentada por el senador Tom Tillis que busca que los condados y ciudades del país colaboren con Inmigración, caso contrario podrían sufrir demandas y hasta perdida de fondos federales. Indicó que la legislación propuesta eliminaría la capacidad de los estados y las comunidades locales para establecer sus propias políticas de seguridad pública dentro de sus respectivas jurisdicciones.

"El senador Tillis afirma que esto es una legislación de sentido común que mejorará la seguridad pública y responsabilizará a las jurisdicciones santuario por su negativa a cooperar con la aplicación de la ley federal", señaló el alguacil. 

Tillis presentó el martes el proyecto Victims of Sanctuary Cities Act (Justicia para la víctimas de ciudades santuario) 

El alguacil le planteó al senador federal las preguntas: ¿Dónde está el esfuerzo concertado para responsabilizar al gobierno federal por sus importantes fallas en la ley de inmigración? ¿Dónde está la justicia para la víctima de un crimen y mucho menos para la comunidad en su conjunto que merece que se procesen los cargos y se responsabilice al acusado en lugar de simplemente deportarlo antes de que el sistema de justicia penal haya tenido la oportunidad de trabajar?

McFadden le recordó que los alguaciles son elegidos para cumplir con los mandatos de sus respectivas comunidades locales con respecto a, entre otras cosas, honrar a los detenidos voluntarios de ICE y suscribir los Acuerdos 287(g).  "Cualquier intento de obligar a los Sheriffs en todo el país a detener a individuos por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no solo tendrá un impacto negativo en la seguridad pública en el Condado de Mecklenburg, NC, sino que erosionará significativamente la autoridad de todos los Sheriffs debidamente elegidos", indicó. 

Agregó además que si ICE puede solicitar ayuda federal si cree que una persona es tan peligrosa que debe permanecer bajo custodia a pesar de ser apta para ser liberada por decisión de juez de un tribunal estatal o magistrado,  y sabe que ha sido deportada previamente.

"Pero la legislación dirigida a armar con fuerza a los Sheriffs debidamente elegidos de la nación e intimidar a los gobiernos locales para que cooperen con ICE no solo sería inconstitucional, sino que no haría nada para mejorar la seguridad pública o para curar las muchas décadas de fallas del gobierno federal para resolver los problemas de ICE", cocluyó McFadden

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