Charlotte.- En el hogar de Roberto Mejía Pérez y su esposa Ashley no ha habido otra cosa que angustia desde el 27 de agosto, hace cerca de dos semanas.

Mejía Pérez, de 24 años, quien fue traído a Estados Unidos, de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, cuando tenía cuatro meses, fue notificado que le revocaron una fianza de inmigración para estar libre, que le había otorgado un tribunal el 22 de diciembre, en Lumpkin Georgia.

“La amenaza es que me pueden detener en cualquier momento”, cuenta Mejía Pérez.

“No es justo, ya habían tomado una determinación, yo estoy respondiendo por 10 mil dólares de fianza. Pago mensualmente 420 dólares solo para eso”, dice el trabajador, que asegura que es el único sostén de su hogar, en el que tiene dos hijas nacidas en Estados Unidos, de 5 y  3 años.

El hombre asumió siempre que si nacionalidad era estadounidense, y aunque no fue inspeccionado al ingresar al país hace más de dos décadas, se casó con Ashley Banks, dos años mayor que el en el verano de 2015.

Presentaron el ajuste de estatus, por medio de Ashley, nacida en Nueva York, ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (UCIS), pero termino en la mira del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

De ahí en adelante, la vida para la pareja y sus hijas ha sido una pesadilla.

Finalmente, vieron una luz al otro lado del túnel, con la decisión de la Navidad pasada, pero ICE decidió apelar el veredicto del juez y la Junta de Apelaciones (BIA) respaldó la solicitud.

“Dijeron que yo era un peligro para la seguridad del país, lo cual no es verdad. No soy un terrorista, no soy un asesino, no soy un delincuente. Trabajo, sostengo un hogar”, asevera Mejía Pérez, quien en un documento confiesa haber cometido “errores” de los que sé “arrepiente”.

“No había visto ningún caso en el que el DHS revierte la decisión de un juez”, anota el activista Byron Martínez que ha colaborado con el abogado probono, que ha estado a cargo de la situación de Mejía Pérez.

“Están indagando todo, para impedir que logren mantener las familias unidas”, añadió.

Ashley, la esposa de Pérez, está pendiente de las ventanas para ver si los automóviles de ICE se colocan frente o cerca de su vivienda.

“Tengo mucho miedo y mucha tristeza de que mis hijas se queden sin su padre y yo sin marido”, asegura la mujer, que le parece haber visto rondando por el vecindario a los agentes de inmigración.

Mejía Pérez tiene pendiente una presentación en la Corte de Inmigración de Charlotte, para el 22 de octubre.

En esa fecha se decidirá la suerte del padre y esposo de las tres ciudadanas.