Guatemala, 24 sep (EFE).- Un grupo de expertos abogó este martes en Guatemala por establecer una cooperación entre el sector privado y público para poder reducir la conflictividad existente en el transporte de energía eléctrica.
Así se expresó durante el seguro foro de esta temática, titulado "Seguridad y certeza como pilares para la competitividad del país", el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile Andrés Romero, quien también es consultor internacional del Banco Mundial.
Abogado de la Universidad de Chile y especializado en políticas públicas, reformas institucionales y gestión organizacional, especialmente en el sector energético, Romero explicó un poco las experiencias desarrolladas en su país.
En este sentido, aseguró que "sin transporte de energía eléctrica no hay una economía productiva", que es necesario incorporar los aspectos sociales y medioambientales desde las legislaciones teniendo en cuenta alternativas no tradicionales y crear una alianza pública-privada para reducir la conflictividad.
Esta opinión fue compartida por el gerente general de la Transportadora de Energía de Centroamérica, Mauricio Acevedo, quien aseguró que uno de los objetivos del sector es acercarse al nuevo Gobierno, presidido por Alejandro Giammattei y que asumirá el 14 de enero, para fortalecer ese trabajo.
Por su parte la economista Carmen Urizar, directora de Energy and Infraestructure Analysis Center, dijo que el transporte de energía eléctrica es "la plataforma para el desarrollo" y que en Guatemala, aunque la cobertura del sistema eléctrico es de un 90 por ciento, es necesario que se cubra el total.
Además, expresó que esta política sea una agenda de prioridades para el próximo Gobierno para crear "oportunidades" en el país.
Estas fueron algunas de las opiniones vertidas durante este foro, en el que participaron expertos, funcionarios y empresarios, con el objetivo de "aumentar la competitividad y desarrollo del país" a través de una evaluación y diálogo sobre el modelo de desarrollo de la industria de transporte de energía.
Uno de los problemas que diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado en Guatemala es la exclusión de los pueblos indígenas de la toma de decisiones, al evadir consultarlos sobre los proyectos como establece el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
De hecho, la instalación de estos proyectos han provocados varios conflictos y solo durante 2018, según el diputado indígena Leocadio Jurán, fueron asesinadas 25 personas por defender el derecho a la tierra, mientras que otras 30 fueron encarceladas y un millar tienen una orden de captura.