San Salvador, 11 jun (EFE).- Unas cinco mujeres que hacen parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y sus familias tuvieron que abandonar sus hogares y desplazarse a otros lugares en 2018 por la violencia en El Salvador, denunció este martes la directora de Programas de la organización Cristosal, Celia Medrano.

Medrano indicó a periodistas que las víctimas "aseguraron que la corporación policial no les brindó la ayuda ni la protección necesaria al darse cuenta de la situación en la que estaban, a pesar de ser miembros de la PNC".

La experta, quien no brindó detalles sobre los casos atendidos por Cristosal, señaló que dicha situación es "lamentable y preocupante porque refleja lo grave del fenómeno".

Medrano participó este martes en la presentación de un informe sobre desplazamiento forzado elaborado por organizaciones que integran el Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del Desplazamiento Forzado Generado por la Violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica.

De acuerdo con el documento, al menos 1.946 ciudadanos de El Salvador y Honduras sufrieron desplazamiento forzado por la violencia generalizada en el 2018, siendo los más afectados las mujeres y los niños.

Una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) presentada recientemente expone que en 2017 el 5,1 por ciento de la población adulta, aproximadamente 225.822 personas, tuvieron que desplazarse por la violencia.

Cifras de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), proporcionados por Cristosal, revelan que entre 2014 y 2016 el número de solicitudes de asilo de salvadoreños en varios países del mundo se incrementó en un 268 por ciento.

El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por sus tasas de homicidios de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, respectivamente, crímenes atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.