Lisboa, 26 mar (EFE).- El Banco de Portugal (BdP) prevé que la economía lusa entre en recesión este año, con un retroceso que podrá ir del 3,7 % en el escenario más moderado al 5,7 % en el más adverso, debido a los estragos causados por el COVID-19.
En el boletín económico de marzo, divulgado hoy, el BdP señala que los dos escenarios suponen "reducción significativas" frente a las previsiones anteriores, en las que estimaba un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 1,7 % este año y del 1,6 % en 2021.
Ahora, en el escenario más moderado, espera que el PIB retroceda un 3,7 % este año, aunque el crecimiento económico se recuperaría en los siguientes, con avances del 0,7 % en 2021 y del 3,1 % en 2022.
La tasa de inflación se situará en el 0,2 % en 2020, en el 0,7 % en 2021 y escalará hasta el 1,1 % en 2022.
Por último, la tasa de desempleo, que cerró 2019 en el 6,5 %, crecerá hasta el 10,1 % este año, y se moderará en los siguientes (9,5 % en 2021 y 8 % en 2022).
En el escenario más adverso, la caída del PIB alcanzará el 5,7 % este año, pero la recuperación en los ejercicios siguientes será mayor: avanzará un 1,4 % en 2021 y un 3,4 % en 2022.
La inflación en este escenario será negativa en 2020 (-0,1 %), pero volverá a valores positivos en 2021 (0,5 %) y en 2022 (0,7 %).
Por último, la tasa de desempleo se incrementará este año hasta el 11,7 % y se reducirá en los siguientes, al 10,7 % en 2021 y al 8,3 % en 2022.
"Las perspectivas para la economía portuguesa se deterioraron abrupta y significativamente por el impacto de la pandemia COVID-19. La pandemia corresponde a un choque económico adverso con efectos muy significativos y potencialmente prolongados en el tiempo en términos del bienestar de los ciudadanos y de la actividad de las empresas", señaló el supervisor bancario luso.
El Gobierno portugués ha puesto en marcha medidas para mitigar el impacto y este jueves aprobó en Consejo de Ministros un nuevo paquete económico, que incluye una moratoria de 6 meses en los créditos a familias y empresas "en situación particularmente difícil", que dejará pendientes de pago prestaciones e intereses por valor de unos 20.000 millones de euros.
También amplió el acceso a la reducción de horarios de trabajo y a la suspensión temporal de contratos de empleo (el denominado "layoff") a empresas obligadas a parar su actividad por ley, a las que tengan una reducción de su capacidad productiva de más del 40 % y a las que registren una caída de su facturación respecto al año pasado o a los dos meses anteriores.