Manila, 1 oct (EFE).- El número de asesinatos en Manila entre julio de 2016 -el primer mes de mandato del presidente filipino Rodrigo Duterte- y septiembre de 2019 ascendió a 4.295, un 60 % más que en el periodo de 39 meses anterior, según los últimos datos policiales.
El jefe de la Policía Nacional de Filipinas en el área metropolitana de Manila, Guillermo Eleazar, atribuyó el aumento de esa cifra a los sangrientos seis primeros meses de la guerra contra las drogas impulsada por Duterte nada más ocupar la presidencia.
Para Eleazar, la mayoría de esos asesinatos fueron ajustes de cuentas entre bandas relacionadas con el tráfico de drogas, aunque grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales culpan de muchos de esos crímenes a la propia policía.
"Tenemos informes fiables de que personas vinculadas al crimen organizado se mataron entre ellas", apuntó el lunes por la noche a la prensa Eleazar, quien insistió en que las estadísticas sobre asesinatos en la capital ya comenzaron a reducirse notablemente en 2017.
En los primeros seis meses del mandato de Duterte, grupos de derechos humanos estiman que unas 7.000 personas murieron en todo el país en el marco de esa polémica campaña antinarcóticos, de los que unos 3.000 se atribuyen a la policía, a la que se acusa de cometer ejecuciones extrajudiciales que se han cebado con las comunidades más pobres.
Por su parte, las estadísticas de la Policía sitúan el saldo oficial de la guerra contra las drogas en los 6.600 muertos en toda Filipinas tres años después del inicio de la campaña, aunque otros grupos elevan la cifra hasta los 27.000, un dato avalado por la ONU.
Aunque los casos de asesinato se han disparado, Eleazar defendió que el índice de criminalidad general ha disminuido en Manila un 62 % en los tres años de presidencia de Duterte, con 49.835 incidentes frente a los 131.839 de los tres años anteriores, la segunda mitad del mandato del expresidente Benigno Aquino.
Conforme al recuento oficial de la Policía de Manila, los delitos contra las personas -que incluyen homicidio, lesiones o violación- se han reducido en ese mismo periodo un 49 %; y los delitos contra la propiedad como robo o secuestro disminuyeron un 67 %.