Bogotá, 2 jul (EFE). La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia recibió este jueves el informe "Justicia para todas", que reúne los relatos de 23 casos de violencia sexual en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, cometidos entre 1991 y 2016 por miembros de las FARC y la fuerza pública.
El documento, entregado por la Corporación Humanas Colombia, recoge los testimonios de 21 mujeres, dos de ellas víctimas de abuso sexual en más de una ocasión, que además sufrieron otro tipo de violencias como desplazamiento forzado, amenazas, intentos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto.
"Estas marcas son imborrables porque eso fue en el 94, más de 20 años, pero a mí me duele igualito. Creo que me duele más que el primer día porque el primer día yo no visualicé sino el dolor del cuerpo, pero ahora me duele aquí, me duele el corazón", relató una de las mujeres.
La recopilación de las historias fue posible gracias a que cada mujer recibió acompañamiento psicosocial a través de redes de apoyo entre ellas y con profesionales que permitieron construir el documento que esperan sirva de base para que se haga justicia.
"Hemos encontrado hechos cometidos en un contexto de control territorial con la finalidad de castigar a las mujeres, de dominarlas y de regular su sexualidad. Ellas recogen su esperanza en la justicia para que en estos casos no sea inferior a sus deseos y esfuerzos", dijo la directora de la corporación, Adriana Benjumea.
CRÍMENES AGRAVADOS
Una tercera parte de las víctimas de los hechos documentados en 10 municipios de Norte de Santander eran menores de edad, razón por la cual la Corporación Humanas subrayó la vulnerabilidad de quienes sufrieron estos abusos.
"Si hablo ahora es porque yo quisiera que se hiciera justicia. No tengo cómo, pero yo sé que de pronto esto sí sirva para eso, para que de alguna u otra manera se haga la justicia que tiene que hacerse, no solamente para mí sino para todas las que han pasado por esto", dijo una de ellas.
Según la ONG, casi todos los casos fueron agravados por múltiples condiciones: 15 porque fueron cometidos por varios agresores, tres porque las mujeres quedaron embarazadas producto de las violaciones y tres porque las víctimas fueron contagiadas con enfermedades de transmisión sexual.
Las magistradas de la JEP que participaron en la entrega del documento, financiado por el Programa ProPaz de la cooperación alemana en Colombia (GIZ), resaltaron la rigurosidad del informe y agradecieron a las mujeres por "su valentía".
"Hemos recibido 38 informes sobre violencia sexual que nos reafirman que tenemos que profundizar nuestra agenda de justicia de género. La JEP existe en buena medida gracias a mujeres como ustedes que decidieron que sus historias no deberían quedar en el olvido", dijo la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Catalina Díaz.
"Es una verdad muy dolorosa pero sin eso no podemos dar el paso adelante. Sabemos que esto necesita mucho tiempo, mucha paciencia y mucho valor. Muchísimas gracias a estas mujeres valientes de haber tomado esta iniciativa", agregó el embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptassek.
LLAMADO A LA JUSTICIA
La violencia sexual fue utilizada por miembros de las FARC para castigar, dominar y corregir a sus víctimas, y algunos de los hechos fueron cometidos por hasta por siete guerrilleros que participaron en un solo caso.
Según Corporación Humanas, esto demuestra que "no fueron hechos aislados, cometido por actores individuales, sino que hubo conocimiento del grupo sobre la comisión, extensión y repetición de actos de violencia sexual".
Sobre los delitos cometidos por la Fuerza Pública, la ONG explicó que la documentación de estos hechos enfrentó múltiples barreras como "la tolerancia y normalización hacia este tipo de conductas", así como "los contextos de abuso de poder y el entorno de coacción que subyacen al cargo ocupado por los agresores".
Aunque ninguno de los siete casos en el país que investiga hasta ahora la JEP es específico sobre violencia sexual, para las organizaciones de víctimas es necesario que se reconstruyan los patrones de crímenes sexuales perpetrados por miembros de la Fuerza Pública en todo el país porque sin esto el ejercicio de denuncia es "prácticamente inviable".
La corporación insistió además en la necesidad de abrir un caso nacional sobre violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes vinculados a la sexualidad "para que la justicia no siga llegando tarde para las mujeres".