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¿Quién tiene la razón?

La controversia desatada por el candidato republicano a concejal, Daniel Herrera, por su declaración de estar cansado de que se pida al Concejo Municipal que actué sobre inmigración, cuando la ciudad no puede cambiar las leyes sobre esta materia, amerita aclarar cuáles son las responsabilidades de cada institución.

El argumento de Herrera es el mismo de la alcaldesa Jennifer Roberts, cuando Comunidad Colectiva, la organización que encabeza el activista Oliver, le reclama que tome decisiones de sobre inmigración. Hace unos meses, yo preparé un documento que esclarecía las responsabilidades.

Aqui el documento
A continuación, una descripción sobre la relación entre algunos funcionarios, instituciones y las políticas de inmigración.

Alcaldía y Concejo Municipal. Aunque las leyes migratorias no son de su competencia, la Ciudad si está en capacidad de invertir en desarrollar políticas que faciliten la vida a los inmigrantes. Ciudades como Washington DC, Nueva York o Los Ángeles tienen entes dedicados a atender sus necesidades. Tienen autoridad sobre el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg CMPD, que antes cooperaba con ICE.

CMPD. No tiene funciones migratorias, pero sus oficiales tienen la discreción de arrestar a individuos que carezcan de identificación y licencia de conducir. Junto con los oficiales de los departamentos de policía de Pineville, Mathews, Mint Hill, Huntersville, Corneluis y Davidson efectúan los arrestos que llevan a los indocumentados a la cárcel local, de donde los inmigrantes pueden ser deportados.

Junta de Comisionados del Condado.  Inicialmente respaldó la iniciativa del exsheriff Jim Pendergraph del programa de deportaciones 287g. Park Helms, expresidente del organismo, firmó junto con Pendergraph el contrato con ICE en 2006.

Oficina del Sheriff. Tiene relación directa con ICE, a través del programa de deportaciones 287g. Sus agentes operan como oficiales de Inmigración en el procesamiento de deportación la cárcel local que administra. Podría romper el contrato con ICE en cualquier momento. Siendo funcionario elegido por votación, el alguacil tiene autonomía sobre el 287g. Nadie puede darle órdenes sobre sus decisiones. La Junta de Comisionados le asigna el presupuesto, pero el sheriff puede disponerlos a su libre albedrío. Los agentes del sheriff no arrestan, pero si deportan.

Legisladores estatales. Los senadores y representantes a la Cámara de Carolina del Norte no tienen poder sobe las leyes migratorias del país, pero pueden establecer medidas estatales que perjudiquen o beneficios para los inmigrantes. Son de su competencia: Las licencias de conducir y las identificaciones autorizadas en el estado, las matrículas en universidades y colegios comunitarios, el alcance del programa de verificación de empleo E-Verify.

Legisladores federales. Los senadores y congresistas federales son los que deciden la legislación federal migratoria. Desde una reforma con legalización hasta una ley de expulsiones.