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Resistencia a medidas insensatas

 

Hace seis meses Doha AlTaki llegó a Greensboro como refugiada de Siria. En esta ciudad encontró la paz que le fue arrebatada por la sangrienta guerra civil que vive su país.

La señora AlTaki es musulmana, pero como ella lo expresó durante una conferencia de prensa, eso no la convierte en terrorista. Por ser siria, tampoco es terrorista, ni por usar un paño que cubre su cabeza eso la convierte en terrorista. “Yo soy un ser humano, quiero ser parte de esta comunidad”, afirmó con una voz suave pero revelando el dolor que siente una comunidad vapuleada por la guerra, que no  ha tenido más remedio de buscar refugio en otros países para escapar a la muerte.

Refugiados como la señora AlTaki ya no son bienvenidos en Estados Unidos. El presidente Donald Trump decidió que para proteger al país de peligrosos terroristas que puedan llevar a cabo ataques en nuestro territorio, hay que prohibirle la entrada a los ciudadanos de siete países con vínculos terroristas y detener el ingreso de refugiados, hasta que el gobierno establezca unas reglas aún más estrictas para revisar los antecedentes de los que quieran viajar a Estados Unidos.

La gran mayoría de los afectados por esta orden ejecutiva provienen de países musulmanes.

Por fortuna, a nivel nacional las manifestaciones de rechazo a estas medidas no se hicieron esperar porque lo que hizo el presidente Trump no es correcto y va en contra de una de las tradiciones de este país de acoger a seres humanos que huyen de la opresión y la violencia.

Hasta la propia fiscal general interina Sally Yates expresó su oposición a la orden ejecutiva del presidente, al considerar que dicha orden no es legal y ordenó a los fiscales no pelear en las cortes las demandas presentadas por diversas organizaciones de derechos civiles. Esa valiente acción le valió ser despedida de inmediato por el presidente, que consideró sus acciones como una traición.

Aunque esta orden en contra de los refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmán ha copado los titulares de los principales medios de comunicación nacional, Las otras dos órdenes ejecutivas antiinmigrantes anunciadas por Trump, presentan un serio riesgo para los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos.

Estas órdenes buscan criminalizar a todos los indocumentados, buscan destruir la  relación de confianza entre las agencias de policía locales y las comunidades inmigrantes, buscan castigar a las ciudades por proteger a los indocumentados de la separación familiar. Ante estos ataques, es necesaria la resistencia pacífica y civil. Mostrar que se necesita una reforma migratoria, no expulsiones masivas.

 

 Hernando Ramírez-Santos 
 es el editor ejecutivo del
 periódico Qué Pasa